Decisión judicial suspendió la vigencia del POT de Envigado

La decisión se dio en respuesta a una demanda interpuesta por los ciudadanos John Tabares Estrada y Jorge Ramírez Gómez contra la Alcaldía de Envigado, quienes consideran que para adoptar, revisar o modificar el mismo se debió convocar un cabildo abierto que garantizara la participación ciudadana en la discusión del decreto.

Por su parte, la alcaldía adujo que no tuvo responsabilidad en la convocatoria del cabildo abierto porque esa es una tarea del Concejo Municipal. Aun así, esta realizó actividades de socialización del decreto que, incluso, se abordaron en sesiones del Concejo.

Para el Juzgado no fue suficiente este argumento de la administración, pues a su juicio la socialización y el cabildo son fases y procedimientos diferentes.

“Así las cosas, dado que se demostró que no se llevó a cabo la realización del cabildo abierto, resulta incuestionable la vulneración del ordenamiento superior, razón por la cual es procedente la medida de suspensión solicitada (...)”, se lee en el fallo.

Implicaciones del fallo

Sobre la decisión judicial, la Alcaldía de Envigado señaló que de manera provisional, las solicitudes de licencias de las diferentes actuaciones urbanísticas y demás trámites administrativos se harán bajo las disposiciones del POT que regía antes de 2019.

De otro lado, a la administración le preocupan los efectos que esta suspensión pueda tener sobre su territorio (sobre todo el rural), pues la modificación excepcional del POT en 2019, permitió incorporar las directrices metropolitanas que propenden por el modelo de ciudad compacta basado en la responsable mezcla de usos del suelo.

“El Decreto 600 incorporó instrumentos de planificación ambiental que permitieron contar con un régimen urbanístico más coherente con las restricciones para la ocupación del suelo, tales como el POMCA del Río Aburrá, el Sistema Local de Áreas Protegidas -SILAPE-, la Estructura Ecológica Principal y los estudios básicos de amenaza y riesgo, entre muchos otros, que se desarrollaron con posterioridad al Acuerdo 10 de 2011”, informó la administración a EL COLOMBIANO.

La alcaldía también indicó que acatará el sentido de la decisión provisional del juzgado. Sin embargo, apeló y espera que la medida sea revocada por el mismo Juzgado o por un tribunal superior.

Para Federico Estrada, gerente de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín, la medida afectaría temporalmente el licenciamiento de nuevos proyectos de vivienda a desarrollarse en el corredor del río Medellín, que era uno de los objetivos del POT suspendido.

Estrada también indicó que lo más importante para cualquier actividad económica es tener una reglas de juego claras, por lo que para él esta situación generaría incertidumbre en los proyectos inmobiliarios del municipio.}

FUENTE: PERIODICO EL COLOMBIANO